Aquella noche del 21 y 22 de noviembre de 2019, en pleno estallido social contra algunas de las políticas económicas y sociales del gobierno de Iván Duque, el miedo se hizo colectivo. A través de redes sociales y cadenas de WhatsApp comenzaron a circular mensajes que alertaban a conocidos, amigos y familiares sobre una supuesta turba de personas extranjeras que estaría entrando de manera simultánea a los conjuntos residenciales de Bogotá y de otras ciudades importantes para saquear los bienes de los colombianos.

El mensaje era claro y contundente: “Se están metiendo a los conjuntos”.

Durante la madrugada, el rumor se multiplicó, el miedo se instaló en los hogares y muchas personas terminaron encerradas detrás de las puertas de sus apartamentos, esperando una amenaza que nunca llegó. Años después, todavía quedan preguntas sobre el origen y la propagación de aquellas cadenas, sobre quiénes las impulsaron y sobre el papel que tuvieron los medios y las redes sociales en la construcción de aquel estado colectivo de alarma.

Lo que sí sabemos es que el miedo funcionó. Mientras miles de personas se movilizaban en las calles, una parte de la población permanecía encerrada, aterrorizada por una amenaza que, con el paso del tiempo, quedó expuesta como una narrativa profundamente exagerada y, en muchos casos, falsa.

Quizá por eso aquella frase merece ser recordada. No para volver a contar el mismo episodio, sino para preguntarnos qué ocurre cuando nuestra atención está atrapada entre las falacias de las redes sociales y la dosis constante de dopamina que recibimos cada vez que hacemos scroll, mientras dejamos de preguntarnos quién está entrando realmente en nuestras decisiones,en nuestros gobiernos y en nuestros territorios.

Porque esta vez sí deberíamos preocuparnos por quién está entrando sin pedir permiso.

Y es aquí donde la geopolítica deja de ser un asunto lejano, de mapas, embajadas y reuniones entre mandatarios, para convertirse en algo mucho más cercano: tierra, agua, energía, minerales, alimentos y soberanía. La pregunta ya no es quién está entrando a nuestros conjuntos, sino quién está entrando a nuestros territorios, bajo qué condiciones y con qué derecho decide qué hacer con lo que hay dentro de ellos.

La agenda de Israel y su estrecho aliado, Estados Unidos, no puede analizarse por fuera de este escenario. El acercamiento de determinados gobiernos latinoamericanos hacia Washington y Tel Aviv plantea una discusión que va más allá de la diplomacia: ¿qué intereses económicos, militares y estratégicos acompañan estos nuevos alineamientos y qué lugar ocupan nuestros territorios dentro de ellos?

No es casual que buena parte de los gobiernos que han girado hacia posiciones de extrema derecha en el continente compartan también una visión económica que prioriza la apertura al capital extranjero, la explotación de recursos naturales y la reducción de barreras para la inversión. El problema comienza cuando esa apertura se presenta como
progreso sin preguntarnos quién termina siendo dueño de la tierra, de los recursos y de las decisiones que se toman sobre ellos.

¿Hemos de poner un letrero de «se vende» en cada suelo latinoamericano?

El mejor ejemplo es la querida y ahora fragmentada Argentina. Allí la discusión sobre la extranjerización de la tierra ha vuelto a ocupar un lugar central. Mientras el gobierno de Javier Milei impulsa modificaciones al régimen de propiedad y busca facilitar la llegada de inversión extranjera, organizaciones y sectores de la oposición advierten sobre los riesgos que esto puede representar para la soberanía territorial. La legislación vigente establece límites a la titularidad extranjera de tierras rurales, pero el propio gobierno ha intentado modificar esas restricciones.

Y aquí aparece una contradicción que resulta difícil ignorar: mientras en el Mundial los jugadores de la Albiceleste recordaban que las Malvinas eran argentinas, en la Casa Rosada se discutían mecanismos para flexibilizar las condiciones bajo las cuales extranjeros pueden adquirir tierras en el país. La soberanía no debería defenderse únicamente cuando hablamos de una bandera o de unas islas; también debería defenderse cuando hablamos del suelo que pisamos, del agua que bebemos y de los recursos que sostienen nuestra economía.

En medio de una latente y silenciosa Tercera Guerra Mundial y de un calentamiento global que algunos todavía se empeñan en negar, la disputa por los recursos será cada vez más importante. Hidrocarburos, litio, plata, agua potable, tierras productivas y minerales estratégicos hacen de América Latina un territorio de enorme valor geopolítico.

Y entonces aparece el verdadero problema:  ¿qué ocurre cuando nuestros recursos naturales comienzan a ser vistos principalmente como mercancías?

El atentado es contra la soberanía y contra una población que puede ser seducida por promesas de seguridad, crecimiento y estabilidad mientras, poco a poco, se flexibilizan las condiciones para entregar su territorio al capital extranjero. Los alineamientos geopolíticos con Estados Unidos e Israel forman parte de una disputa internacional más amplia y, en algunos casos, pueden acompañar proyectos económicos y estratégicos cuyos efectos debemos observar con lupa.

Porque quizá el verdadero peligro no sea que alguien se esté metiendo al conjunto.

Quizá el peligro sea que, mientras estamos mirando hacia la puerta, alguien ya está negociando el terreno sobre el que está construido. 

Y cuando todo se ha privatizado, nos privarán de todo.